La Red Española del Pacto Mundial, organismo con el que opera el Pacto Mundial de la Naciones Unidas en nuestro país y que actualmente cuenta con más de 1.980 entidades adheridas entre empresas, pymes y otras organizaciones, hizo público recientemente su informe de Progreso 2011, según el cual un total de 872 entidades españolas presentaron memorias de sostenibilidad o Informes de Progreso, lo que supuso un incremento del 101% con respecto al 2010.
Todo un éxito que pone de manifiesto el aumento del compromiso social de nuestras empresas y entidades al implantar en su gestión los Diez Principios de Conducta y Acción establecidos por la ONU en materia de Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. De las 872 memorias presentadas, 56 obtuvieron la categoría de advanced o nivel superior que reconoce el Pacto Mundial.
El Informe de Progreso destaca que en materia de Derechos Humanos el 21% de las pyme evaluadas trabajan con proveedores que los respetan, mientras que el 79% de las grandes empresas centran su diagnóstico en la cadena de suministros. En cuanto a normas laborales, las grandes empresas han aumentado un 6% las acciones de no discriminación y han protegido el talento de sus trabajadores. En relación a la gestión medioambiental, el 100% de las empresas analizadas llevaron a lo largo de 2011 acciones dirigidas a la protección del medio ambiente. Finalmente, en el ámbito de la anticorrupción, las grandes empresas han mejorado sustancialmente al incrementar en un 13% los estudios y diagnósticos que les permiten conocer y actuar sobre sus áreas de mayor riesgo de corrupción.
Este aumento cuantitativo y cualitativo del compromiso social de las empresas y entidades españolas contribuye de manera significativa en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la política social de la OIT y los Principios Rectores de la Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Y más en estos momentos en los que se debe luchar con uñas y dientes en la reducción de los efectos sociales de crisis económica. La RSE no es la panacea, pero, en este proceso que vivimos de gran transformación del sistema económico, incorporarla a la gestión empresarial aporta un conjunto de valores valiosísimos sobre los que se debe construir una nueva sociedad más cohesionada, sin diferencias, más universal, más sostenible. Las consecuencias sociales de la crisis económica están dañando considerablemente la confianza de los consumidores que cada día prestan más atención en el comportamiento social y ético que están desarrollando. A las empresas, pues, les pasa lo mismo que a la mujer del César, no sólo tienen que ser honestas sino además parecerlo.
Cada día son más las empresas y entidades cuya gestión responde a criterios éticos de comportamientos. Una ética de responsabilidad que da respuesta a las exigencias de sus stakeholders, origina modelos de empresa plural que responden a una gran diversidad de intereses legítimos surgidos del desarrollo de actividad empresarial. Obviamente, las empresas tienen responsabilidad moral ante estos intereses. Ya no basta con dar cuentas, hay que dar respuestas. Y estas respuestas se deben materializar en acciones que vayan más allá de las obligaciones jurídicas hacia la sociedad y el medio ambiente.
No obstante, sigue existiendo una brecha a la hora de establecer e implantar políticas de RSE bien se trate de una pyme o una gran empresa. Para las pyme, muchas de ellas microempresas, la RSE está incorporada a la gestión de manera informal e intuitiva. Tienen una estructura sencilla que permite implantar desde el origen el compromiso social que mejore las relaciones con su entorno social y medioambiental. Su gran reto está en poder adoptar planteamientos estratégicos de compromiso social a largo y medio plazo que les permita desarrollar modelos empresariales y productos que innoven a la vez que contribuyan al bienestar social y a la creación de empleo de calidad. Esto es sólo posible si desde las instituciones públicas, desde los organismos internacionales, se ofrece el apoyo necesario para promover la transparencia y basar el mercado en un comportamiento responsable de las empresas. Este apoyo debe estar adecuado a cada situación. De esta forma, serían muchas más las pyme que presentasen memorias de sostenibilidad.
Las empresas, grandes y pequeñas, deben liderar la RSE. Pero las administraciones públicas, las instituciones, en definitiva, los gobiernos no tienen que escatimar esfuerzos en crear las condiciones favorables para desarrollar un comportamiento social y medioambiental responsable que permita trabajar por un empleo duradero y un crecimiento sostenible. Ahora es el momento de sentar las bases del nuevo modelo económico sostenible y equitativo. Una tarea en la que todos los ciudadanos estamos comprometidos.
Artículo redactado por Manuel Gil y publicado en la sección Ágora RSE de rhmedia.es